ANTE  EL  ANTEPROYECTO DE LEY DE  SERVICIOS Y  COLEGIOS PROFESIONALES

 

Artículo realizado a raíz de la sorpresiva aprobación del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales un 12 de agosto de 2013..

 

El 2 de agosto, acto previo a sus vacaciones, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

Sin calificar el procedimiento seguido desde el powerpoint de diciembre, sí que resulta significativa la fecha elegida para su sorpresiva aprobación, con una Audiencia Pública que nos deja únicamente diez días hábiles para la participación solicitada.

Pero el procedimiento – un mail, sin compromiso de recepción ni lectura – cuestiona esta audiencia que devendría únicamente en compensación aparente por la opacidad en su tramitación.

Este breve análisis surge de la intención de contribuir al mejoramiento de un Anteproyecto que supondría un grave perjuicio para la calidad de los servicios y el sistema de garantías a que la sociedad española tiene derecho.

La exposición de motivos está plagada de afirmaciones axiomáticas sin ninguna justificación. Tras una etapa de seis años de gravísima crisis, con seguridad, los datos reales actuales no coincidirán con los aportados.

Descalifica la “copiosa” regulación actual para justificar el Anteproyecto, sosteniendo que la aprobación de las disposiciones del mismo se traducirá en un aumento del empleo y crecimiento del PIB. Pero no explica por qué.

Supone un fácil blindaje: si hay recuperación económica (aún con esas medidas) se les adjudicará el supuesto mérito; y si no, aún a pesar de esas medidas, será que resultaron pocas y hay que profundizar más en la desregulación.

Menciona el texto la deseable optimización de la “asignación de recursos

¿Qué recursos?

Organizaciones corporativas, sindicales y políticas son beneficiarias de grandes recursos públicos. Los Colegios sin embargo no perciben ni un solo recurso regular que compense la función de servicio público que cumplen, financiándose exclusivamente con las aportaciones de sus colegiados.

Califica a la Ley en vigor de “preconstitucional”. Pero todas las modificaciones que menciona han adaptado esta Ley al orden constitucional, por lo que fecharla en 1974 no parece muy leal. Si ha sido modificada y refundida desde la Constitución, no debería calificarla de “preconstitucional” como argumento para su demolición.

Reconoce la asimetría en la prestación del servicio profesional cualificado, pero la utiliza para la anulación de la autonomía colegial, con intervención total de la Administración, sin justificación, sin control de poder judicial alguno y por motivos discrecionales, destruyendo la seguridad jurídica a la que los Colegios tienen derecho.

Destacamos la reiteración de expresiones que pretenden hacer nuevas lo que son trasposiciones de las normas actuales, cuando las cautelas sobre los regímenes de funcionamiento de los Colegios ya existen y se llevan cumpliendo muchos años.

Al contrario, al producir la desregulación de la prestación de servicios, lo cierto es que deteriora el sistema de garantías y protección del ciudadano, que dice preservar.

Llegando a detalles insólitos en una ley: la determinación de los modos de votación de las retribuciones de los cargos directivos,  previsión de contrataciones de familiares, etc., de difícil explicación, salvo desde una subyacente hostilidad contra las estructuras colegiales.

Crear una “Comisión de Reforma de las Profesiones” contradice los objetivos del artículo 1º, dejando para una Comisión, que no sabemos quién la formará ni cómo se controlará, la modificación de las reservas de actividad. Si el redactor no ha formado criterio sobre las actuales atribuciones, sería razonable posponer la presentación de la Ley hasta resolverlo. Dejarlo a discreción de una Comisión de incierta composición y futuro resulta incoherente y supone la elusión de su definición concreta.

Crea un Grupo de Trabajo para “la determinación de las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación”.

Existe  la Ley de Ordenación de la Edificación, LOE, que fue aprobada por el Parlamento en 1999 por amplio consenso en una etapa sin mayorías absolutas.

Mezclar la edificación con el diseño de máquinas e ingenios industriales, objeto de la ingeniería industrial, con la construcción de submarinos, o con las telecomunicaciones, es un desacierto que conducirá a la confusión.

No se entiende qué beneficio económico puede suponer esto.

El artículo 3 cita razones de interés general omitiendo a la Arquitectura. Recordemos que han de estar incluidas “la creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado” de acuerdo con la Directiva Europea 2005/36.

La LOE las contempla y determina las atribuciones de los agentes en la edificación que, con la participación que ocasionalmente tienen algunas inge­nierías, se encuentran racionalmente reguladas.

Y no se pueden cambiar las atribuciones que regula la LOE con el simplista argumento del powerpoint: “quien puede edificar una cosa puede edificar todas” quizá como remedo del famoso “quien hace un cesto, hace ciento”.

No. La Arquitectura, los edificios, las plazas, las calles, las ciudades, no son “cestos”. 

El violinista, el percusionista, aún maestros en su arte, no son directores de la orquesta.

El atrecista, el actor, el cámara, el especialista, maestros en su arte, no son directores de la película.

El trabajo en aspectos sectoriales de la Arquitectura y de la edificación realizado por albañiles, fontaneros, ingenieros, instaladores, calculistas, topógrafos, etc., con el respeto debido y merecido por y para todos, no les faculta para concebir, proyectar y dirigir el conjunto, el hecho arquitectónico total.

La Arquitectura la proyectan y dirigen los arquitectos.

Y se aprende en las Escuelas de Arquitectura.

Que para eso están.

Antonio García Herrero

Agosto de 2013