CRISIS Y ARQUITECTURA

Publicado en extracto en La Verdad el día 1 de octubre de 2011, se incluye aquí el texto completo

Soy Arquitecto

Comparto esta condición con casi mil compañeros en nuestra Región.

Más de cincuenta mil en España.

Nuestras competencias profesionales, nuestra formación, nuestros conocimientos y nuestra función en la Sociedad a la que pertenecemos se encuentran reguladas en las leyes, y consagradas por miles de años de historia.

Miles de años y miles de Arquitecturas que evolucionan, se transforman desde la caverna, la cabaña y el templo, configurando, a lo largo del tiempo, las casas, los espacios públicos, los privados, los recintos y las ciudades en que la humanidad se ha desarrollado hasta nuestros días.

 Arquitectos concibieron, proyectaron y realizaron las Pirámides, el Partenón, la Ciudad Prohibida, el Coliseo, el Panteón de Agripa, Santa Sofía y la Catedral de Milán. El Escorial, la Alhambra, Versalles, Brasilia y los poblados de colonización de nuestra posguerra. Los museos Guggenheim, las Siedlunguen de Frankfurt y el MUCAB de Blanca.

Las ciudades y los pueblos son Arquitectura. El entorno básico del ser humano es Arquitectura. Nuestra vida se desarrolla hoy principalmente en la Arquitectura.

Como toda la sociedad, ahora los arquitectos estamos especialmente afectados por una interminable e inmerecida crisis económica que amenaza con cronificarse si no se adoptan las medidas adecuadas para resolverla.

Colectivamente no fuimos los Arquitectos especiales beneficiarios de la época de expansión. Las grandes operaciones inmobiliarias no generan, en el mundo actual, proporcionales reconocimientos económicos a los arquitectos. Al contrario: suelen suponer una considerable merma en los mismos.

En realidad, como suele ocurrir con todos los aspectos de la actividad económica, la mayor prosperidad se genera en escenarios de estabilidad, de crecimientos mesurados y tranquilos,  desde perspectivas de serenidad y prudencia.

Ahora sin embargo, en una etapa en que la recesión económica en nuestro principal sector de actividad se ha estancado en mínimos históricos, rozando casi la congelación, los arquitectos sí que estamos siendo los primeros perjudicados.  

Constituimos una profesión que, en conjunto, está soportando la peor situación de paro de toda nuestra economía: mientras que la media de desempleo en el conjunto de la población potencialmente activa se mantiene en torno al veinte por ciento en los últimos tres años, nuestra profesión soporta un paro absoluto superior al treinta y siete por ciento del conjunto de arquitectos. Y un paro técnico (ingresos menores del salario mínimo en un año) que se ha estimado superior al setenta (¡…!) por ciento de los profesionales potencialmente en ejercicio libre.

Creo poder afirmar que la profesión está ante la peor crisis de nuestra historia.

Hemos de añadir a esta situación, la inmensa carga de responsabilidad que soportamos pesando casi exclusivamente sobre nuestras espaldas la seguridad de la vivienda y los espacios de relación en que habitan millones de personas.

Y  la necesidad del cumplimiento y el intento de concordancia entre la creciente maraña de normativas y disposiciones tanto urbanísticas como técnicas, muchas de ellas contradictorias entre sí, algunas de imposible definición, otras de extraña procedencia o inútil aplicación, que acaba consumiendo cada vez con mayor protagonismo el grueso de nuestro tiempo, y que constituye una de las mayores dificultades en nuestro ejercicio profesional .

Y ello el Arquitecto se ve obligado a defenderlo en numerosas ocasiones en contra incluso de las pretensiones o intereses de sus propios clientes.

En tal situación, se producen tres graves y nuevas agresiones contra nuestra profesión, todas desde la esfera de la legislación supuestamente transcrita del escenario europeo. Aunque, tal y como podemos fácilmente verificar, esta suposición se aleja notablemente de la verdad.

Quizá el más agresivo ataque contra la Arquitectura lo haya representado el intento de descomposición de la formación del Arquitecto, englobado dentro del llamado “plan o proceso de Bolonia” . Esta “trasposición” de hecho, ha supuesto para la práctica totalidad de las enseñanzas universitarias su degradación mediante la reducción de las materias y del tiempo de permanencia del estudiante en la Universidad, el cambio de “licenciaturas” por “grados” de menor duración y contenidos, en un “totum revolutum” de títulos y denominaciones que se pretende compensar, eso sí, mediante la creación de los llamados “máster”  o cursos complementarios a los grados.  Pero, claro, al margen de la relativa gratuidad de la enseñanza pública y en una nueva babel semántica que poco ayuda a la clarificación del espacio académico y profesional

Aunque la Arquitectura, con gran esfuerzo y desgaste por nuestra parte, ha sido considerada en parte en el nivel que le debía corresponder, atendiendo finalmente a su singularidad, lo cierto es que  las extrañas  “vías de trasvase”  que el nuevo sistema posibilita mediante denominaciones ambiguas, vericuetos, trucos y “transversalidades”  ha supuesto la aparición de la que quizá sea en la actualidad la más seria amenaza para la Arquitectura por parte de quienes, curiosamente, pretenden practicarla sin profesarla.

¿Qué motivaciones pueden mover a algunos a intentar ejercer la Arquitectura sin ser arquitectos?

¿Por qué (ante su “vocación” manifiesta de practicar la Arquitectura) sencillamente no se matriculan directamente en las enseñanzas correspondientes y se hacen Arquitectos como hemos hecho los más de cincuenta mil españoles que lo somos?

La garantía que supone y fundamenta la cualificación y titulación profesional para asumir las responsabilidades de su ejercicio, no puede verse sustituida por afirmaciones más o menos interesadas acerca de la “enormidad de los propios conocimientos” de quien pretende invadirla.

Es decir, no por mucho que avancen mis conocimientos de derecho civil puedo estar en condiciones de ejercer la abogacía. Por más que sepa anatomía o patología médicas no por ello estaré en condiciones de realizar una operación de cirugía. En todos los casos es preciso acreditar la condición correspondiente en los modos y formas establecidos en las leyes para alcanzar la competencia, es decir, la posibilidad de asumir una responsabilidad social.

La convivencia democrática, fundamentada en el respeto a las leyes (y a la sanción de su incumplimiento, claro está) no puede admitir conductas de trampeo o fraude. Y mucho menos puede premiar a quienes pretenden “recoger el fruto sin el esfuerzo”,  “colarse” en el espectáculo sin pagar como los demás, ejercer una profesión sin reunir las condiciones establecidas para ello, etc.  Y todo ello mediante el truco, el subterfugio y el engaño.

En suma, los defraudadores, tramposos y timadores no deberían, no deben, encontrar cabida en una sociedad madura. 

El intrusismo profesional es un delito y un fraude particularmente grave en los casos en que entra en juego la seguridad física, social y jurídica de las personas.

Y los poderes públicos, lejos de contribuir a su extensión con posiciones tibias o permisivas, tienen el deber y la responsabilidad de evitarlo e impedirlo.

 

II

Crisis y Arquitectura

La rotunda y fundamentalista prohibición a las organizaciones o asociaciones profesionales de establecer ningún tipo de orientación económica sobre los modos de ejercicio, basada en una legislación que pospone todos los principios éticos y deontológicos, a la “libre competencia” (¿…?) y a las leyes de “los mercados”, para los arquitectos (y en general para todos los profesionales en ejercicio libre con responsabilidades deontológicas) supone en la práctica una injusta violencia de las condiciones de trabajo llegando a crear situaciones de verdadera indefensión.

Ante la presión de las circunstancias económicas descritas y la imposibilidad de la propia subsistencia, empieza a adquirir carácter de heroicidad el ejercicio profesional.

Y ello, en un país como España en que existen en todos los mercados laborales extraordinarias medidas de regulación y protección económica, supone una gravísima discriminación para los profesionales en ejercicio libre como somos los arquitectos.

Porque ya es hora de advertir rotundamente contra la falacia (impuesta de un modo sutil en el pasado) de la equiparación de los servicios profesionales a los objetos de mercado, la mentira de su tratamiento como simples productos de consumo sometidos de un modo inmisericorde a las “sacrosantas” leyes de la oferta y la demanda.

El servicio que presta, tanto el Arquitecto como otros profesionales, no es un mero producto de mercado, sino que supone el ejercicio de los conocimientos adquiridos por el profesional en las materias de su competencia (ahora sí, competencia en su significado de capacidad, aptitud, idoneidad, etc., y no en el que tanto se defiende en cierta legislación: emulación, antagonismo, rivalidad, disputa, contienda, etc.) y ello en un marco de especial exigencia procedente de la gran responsabilidad que el profesional adquiere en el proceso de prestación de sus servicios, de su trascendencia y su función social y de la garantía de la seguridad de las personas.

También en el orden legislativo, viene resultando realmente inadmisible el reiterado y persistente intento de destrucción o banalización de las organizaciones profesionales oficiales, es decir, de los Colegios Profesionales y sus estructuras organizativas, al igual que cualesquiera otra institución civil en que pueda residir un mínimo de libertad y capacidad de intervención en la sociedad al margen de las estructuras de poder público establecidas.

Camuflando las verdaderas intenciones de estas cargas legislativas, bajo el paraguas de una pretendida “convergencia con Europa” o de la defensa de la “libertad de mercado” (siempre la famosa “libertad de mercado”, la única que parece interesar en ciertas esferas y para ciertas cosas) en realidad parece que lo que se pretende es desconectar y desactivar a los colectivos profesionales y a las organizaciones civiles en general de la actividad pública.

Olvidan quienes hoy pueden ejercer libremente sus derechos ciudadanos democráticos que lo deben en  gran parte a las históricas actuaciones de los Colegios Profesionales y a su decidida posición progresista, constituyéndose en su día en foros de pensamiento, cultura y libertad cuando tales opciones resultaban prácticamente inexistentes e imposibles en nuestro país.

La descomposición de las estructuras asociativas civiles incluso si representan una singularidad social, un foro de pensamiento y de opinión libre, supondría una gravísima acción de manipulación social y de desactivación cultural que de ningún modo debemos admitir.

Resulta obvio a estas alturas que los tres ataques a nuestra profesión que he enumerado, en realidad, están originados en la misma fuente y tienen un fin común y espurio: el intento de división y la degradación del ejercicio de la Arquitectura en libertad.

Ante esta situación, cuando en España nos disponemos a afrontar una nueva etapa tanto en lo político y lo económico, como en lo social y lo cultural, desde el Programa de Actuación del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y desde el  Segundo Congreso de Arquitectos de la Región de Murcia, creo que ha llegado el momento de plantear a la Sociedad junto con nuestro compromiso ético, estético y técnico, un justo e irrenunciable conjunto de reivindicaciones y propuestas:

-        Los Arquitectos exigimos la normalización de la financiación inmobiliaria y la necesaria reactivación de la obra mediante los nuevos modelos de desarrollo en equilibrio y como herramienta indispensable para la recuperación económica en general.

-        Apostamos por la promoción de la rehabilitación como necesario complemento de la producción y renovación de las ciudades, desde la perspectiva de la necesaria sostenibilidad medioambiental, económica y humana.

-        En tal sentido, los poderes públicos deben fomentar la concienciación y formación del usuario de la Arquitectura que ha de ser consciente de la importancia del  mantenimiento y conservación del patrimonio inmobiliario.

-        Reivindicamos la urgente Modificación de la Normativa de Concursos a fin de que en la concepción y desarrollo de la Arquitectura prevalezcan los valores trascendentes, sociales, funcionales, estéticos y éticos sobre los meramente mercantilistas y monetarios.

-        Exigimos el respeto y valoración que merece nuestro trabajo profesional y la imprescindible cobertura económica y social que permita su desarrollo en condiciones de equidad y libertad, con absoluto respeto a la objeción de conciencia profesional y al derecho a informar de acuerdo con el leal saber y entender del Arquitecto. La prestación de los servicios profesionales y la responsabilidad consecuente no es un producto de consumo o intercambio. En su desarrollo intervienen componentes  humanos, estéticos, éticos  y sociales que exigen su regulación y tratamiento desde perspectivas que trascienden de meras condiciones mercantilistas debiéndose fijar un marco de relación que garantice suficientemente su defensa.

-        La recuperación y transformación del proceso de producción y renovación de las ciudades requiere el compromiso en todos los ámbitos de la totalidad de los agentes implicados en el proceso edificatorio.

-        La Ley de Ordenación de la Edificación española, once años después de su aprobación aún no se ha puesto en vigor en su totalidad. Esta inadmisible situación debe ser corregida, activando la totalidad de sus disposiciones, principalmente la exigencia de la responsabilidad y seguro trienal, de manera que todos los agentes de la edificación intervengan desde ahora en condiciones de equilibrio y equidad.

-        La formación del Arquitecto, dentro del proceso de convergencia europea, debe resolverse a favor de la calidad, evitando la tentación minimalista-mercantilista,  y reafirmando el conocimiento global y generalista de nuestra profesión, de sólida formación humanística y estética pero también conceptual y técnica, incluyendo, como siempre ha sido, la formación técnica superior, sus responsabilidades y competencias. Desarrollando el carácter integral de nuestros conocimientos y, a la vez, profundizando en la especialización individual en los diferentes campos y materias del ejercicio profesional.

-        En tal sentido, los poderes públicos deben propiciar el incremento de la calidad de la enseñanza como un valor fundamental, lo que constituye la mejor inversión de futuro para nuestra sociedad. En la enseñanza de la Arquitectura los españoles debemos continuar representando en el contexto europeo y mundial el mejor modelo existente de formación, tal y como se ha venido reconociendo desde siempre en todo el mundo.  

 

Antonio García Herrero

Septiembre de 2011